Que el Popular es
un Partido corrupto que ha recibido cuantiosas donaciones por parte de grandes
corporaciones del país, para que aplique las políticas que sólo a ellos les
beneficia, es algo que no debería extrañarnos. Lo raro es que lo haga.
La derecha necesita
de una financiación tan desmesurada para convencer a los ciudadanos de que sus
intereses coinciden con los de la ciudadanía, que es imposible que pueda
afrontar campañas electorales costosísimas sin ese dinero extra de la
financiación irregular.
Recordad que el
caso Naseiro puso de manifiesto esa financiación oscura e ilegal, así como el
enriquecimiento personal de los implicados. El caso estaba muy claro, pero una
vez más la justicia obró en beneficio de los poderosos, y una triquiñuela legal
impidió que se condenara a los acusados.
Pero la
financiación ilegal existió, ha existido, existe y seguirá existiendo, por lo
que digo, el PP necesita de todo el poder económico del mundo para convencer a
la ciudadanía, mejor dicho, para engañarla. Y para eso tiene detrás
poderosísimas fuerzas económicas y financieras.
Y es que los
políticos de derechas trabajan de forma incansable para llevar a cabo políticas
y normativas que favorezcan al sector más privilegiado de la sociedad, ese
sector que se beneficia de subvenciones ocultas, de privilegios fiscales, de
monopolios incalificables, y del rescate permanente a costa de los
contribuyentes.
En definitiva, una
política sustentada por la “búsqueda de rentas”, es decir, la que busca el
enriquecimiento personal no a base de su contribución a los beneficios a la
humanidad, sino a base de robarles a los de abajo parte de la riqueza, para su
propio enriquecimiento criminal.
Porque la cosa es
muy sencilla. Las grandes empresas, -esas que han estado representadas en nuestro
país por personajes como Díaz Ferrán, Joan Rosell o Arturo Fernández-, destinan
parte de sus inmensos beneficios (esos que consiguen, entre otras cosas,
recortando salarios y despidiendo trabajadores) a donativos anónimos e ilegales
a partidos como el PP, con el fin de obtener rendimientos tras las batallas
electorales. Una vez en el gobierno, los responsables recompensan a estas
empresas con adjudicaciones de dudosa legalidad, a cambio de un dinero que ni
de lejos se corresponde con los precios reales de mercado a cambio de esos
servicios. Con esto, las empresas no solo se benefician de la adjudicación,
sino que además se llenan los bolsillos con dinero de los contribuyentes, para
luego revertir parte de esos fondos hacia los partidos que les benefician en
sus políticas.
Se trata, por
tanto, de un robo en toda regla, que transfiere rentas desde abajo hacia
arriba, hacia los más ricos. Añado aquí la transferencia de dinero sin
precedentes, desde el bolsillo de los contribuyentes hacia los bancos, cuyas prácticas
mafiosas contribuyeron, como ningún otro factor, a generar la inmensa crisis
que hoy vivimos.
Es tal el descaro
y la desvergüenza de los políticos que han gobernado en los últimos años, que
no han dudado en justificar lo injustificable: que a los bancos no se les puede
dejar caer. Mentira. Rescatando a los bancos, lo que se ha hecho es proteger
los derechos y beneficios de los obligacionistas, muchas veces extranjeros,
mientras que el resto de la población, es decir, la clase trabajadora, ha
sufrido unas consecuencias devastadoras en forma de recortes en salarios y
servicios que el Estado presta a sus ciudadanos. Cuando no hablar de los
desahucios y la bochornosa tasa de paro, de la que sólo son responsables los gobernantes
políticos y el poder económico que los sustenta, los cuales deberían de
responder ante la sociedad por haber cometido auténticos crímenes contra la
humanidad.
